Ley 2/2023, de protección a denunciantes es una ley que obliga a establecer sistemas internos de información en Administraciones públicas, empresas, organizaciones políticas y sindicatos para que las personas puedan denunciar, de forma segura y confidencial, aquellas prácticas que consideren delictivas de manera segura.

Todas las organizaciones deben contar con un responsable del sistema para gestionar el mecanismo.

Aunque la empresa puede disponer de medios propios para recabar estas alertas, la necesidad de ofrecer diferentes formas de recabarlas -escritas, orales-, de custodiar las mismas durante un mínimo de 2 años y de gestionar e informar del estado y los progresos de las mismas, hacen necesario disponer de un canal digital que las gestione: el gestor o canal integrado de denuncias y alertas de irregularidades.

Nuestro canal facilita la puesta en marcha y el cumplimiento del contenido legal.

Nuestra experiencia en el ámbito de los criterios ESG, gobernanza y debida diligencia ofrece el valor añadido de dar cumplimiento a otros aspectos de la norma, como la necesidad de establecer políticas, protocolos y flujos para su tramitación.

Las empresas privadas de 50 o más trabajadores están obligados a su implantación.

La ley también obliga a Administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales a contar con este sistema.

Si estas organizaciones crean fundaciones que gestionen fondos públicos, también deberán establecer un sistema interno de información.

Un canal de denuncias es un sistema de alertas sobre la comisión de presuntas irregularidades, hechos ilícitos o actos contrarios a las políticas internas dentro de una compañía, o bien, en las que la empresa esté siendo utilizada para la comisión de las mismas.

Se trata de una herramienta digital, en la que las personas denunciantes actúan bajo anonimato y confidencialidad para notificar el conocimiento de las presuntas prácticas irregularidades, hechos ilícitos o actos contrarios.

Se establecen dos fechas límites, de acuerdo con el número de trabajadores asalariados de una empresa.

• El 13/06/2023 empresas de más de 249 empleados.
• El 01/12/2023 en empresas de entre 50 a 249 empleados.

De acuerdo con la Ley de protección a denunciantes, existen unas consideraciones legales exigibles a los sistemas, protocolos y canales de denuncias, y que pueden resumirse en:

• Nombramiento de un gestor de denuncias, que será la persona responsable del canal y del seguimiento. Puede ser un equipo.
• Garantía de confidencialidad de la persona denunciante y de cuántas personas se informa.
• Acceso limitado a la información, generalmente, por parte del responsable del sistema.
• Capacidad de transmisión de la información de manera accesible y fácil.
• Posibilidad de que la información pueda presentarse de forma escrita o de forma verbal.
• Fijación de un procedimiento o protocolo de gestión.
• Custodia de las denuncias o alertas presentadas durante 2 años.
• Integración de canales múltiples que puedan existir.
• Independencia de la información y separación del resto de sistemas internos de información.
• Necesidad de publicar una política relativa a los principales y de defensa del informante.

En el ámbito municipal, los Ayuntamientos deben disponer de un canal de denuncias.

No existe un número mínimo de empleados públicos que exima de la obligación.

La Ley 2/2023 prevé que los municipios de menos de 10.000 habitantes puedan compartir un sistema de información interna y compartir también recursos destinados a las investigaciones y tramitaciones.

En el ámbito autonómico y universitario, tanto la Administración General, como entes que integran el sector público, están obligadas a disponer de un sistema interno de información en los términos previstos en la ley. Como lo están también las formaciones políticas.